¡Ay, la justicia española!

Un juez, Llarena, aparece en el centro de la imagen. Parece satisfecho; no es en vano: poco a poco ha ido escalando las intrincadas cumbres del viejo mamotreto, el aparato del Estado, hasta llegar a lo más alto. ¡El tribunal Supremo! Sus colegas, sentados alrededor, con sus puñetas de puntilla, sus añejas togas, aplauden al colega. La escena parece salida de un cuadro de mediados del siglo XIX. El poder. El orgullo de elevados funcionarios que, envueltos en sus prendas de otros tiempos, se endiosan y nos miran altivos desde su endiosada altura. La sala, con sus fríos mármoles y sus bruñidos despachos de nogal, barrocos, representan perfectamente la alta judicatura española: un escenario obsoleto, periclitado.

Un amigo mío, que conoce el mundo de la judicatura, me decía que no nos podemos imaginar hasta qué punto son carcas los altos magistrados de este país. ¡No me extraña! ¿Los habéis visto cuando hablan? ¿Cómo visten sus togas trasnochadas? ¿El ambiente decimonónico en el que se mueven? ¿La prepotencia con el que nos miran a la gente común?

Mi amigo me dice también que los jueces están desbordados: ¡los jueces comunes tienen más de mil casos que atender cada año! Descontando los días festivos, ¿a cuántos tocan diariamente… tres, cuatro, cinco? ¿Os imagináis semejante desmadre? A buen seguro que, si eso os pasara a vosotros, gestionando una empresa privada, ya os habrían echado a patadas a la calle. ¿Habéis entrado alguna vez en un juzgado? ¿Habéis visto el desmadre que hay, con montañas de papeles por todos lados? Esta gente sigue trabajando como hace cien años, ¡o más! ¡¿in-for-má-ti-caaa?! ¡Qué es eso!... ¡Por dios! ¿Quién manda aquí? ¡Cómo se puede ser tan inútil!

Uno de los temas más hirientes de la quiebra del estado democrático actual es la prepotencia de quienes ostentan la máxima representación del Estado, sobre todo en el ámbito del poder judicial. Parecen saber que el poder lo detentan ellos y no la gente. “Bahh!”, piensan, “aquí mandamos nosotros”. Cuando las cosas se han tensados, hemos descubierto la verdad. ¡Qué triste! O, peor aún, ¡qué timo!

¡Ay, la justicia en España!

Poco a poco hemos ido comprobando que las sentencias de los jueces tienen más que ver con SU interpretación de la justicia que con las leyes. En otras circunstancias esto podría pasar desapercibido, incluso ser hasta positivo, pero resulta que los jueces tienen unos valores antagónicos a los de una sociedad ya muy evolucionada, del siglo XXI. Las sentencias que dictan muestran cómo piensan, en qué creen, cuáles son sus valores. ¡Sus valores no son sólo caducos, es que son inmorales! La sociedad está descubriendo con alarma e indignación, por no decir repugnancia, esos valores que representan los jueces, ¡y que de ellos dependa decidir lo que es justo y lo que no!

Pero se les ve: nos desdeñan. Son prepotentes. Se sienten fuertes, y amparados en el mucho poder que tienen. Se autoconfirman a ellos mismos. Viven una realidad paralela, autista. Comparten entre ellos valores caducos, periclitados. Pero eso no sería lo más grave, ¡nada más faltaría! Si no fuera porque esos valores son dañinos, injustos y producen sufrimiento. Cuando liberan a violadores, o les imponen sentencias blandas, muestran sus convicciones sexistas, imponen su dominio machista, y aplican la violencia para imponerlo. Cuando persiguen la libertad de expresión, inventando miserables subterfugios legales que conculcan la más elemental regla de los derechos humanos, imponen por la fuerza sus ideas. Cuando permiten que se apalee a la gente, o encarcelan a adversarios políticos y dan órdenes para arrasar las instituciones y las iniciativas de las minorías, lo que hacen es doblegar y humillar a sus adversarios, implantar su orden injusto.

¡Ay, la justicia en España! Esos viejos mamotretos de la imagen, no son en absoluto inofensivos. Representan lo peor de nuestro Estado. Un Estado que, en muchos momentos de la historia, ha basado su gobierno en la imposición. La brutalidad y la fuerza han sido durante siglos la manera de imponer a los demás las convicciones de unas élites, cerriles, provincianas y brutales. Unas convicciones desprovistas de valores humanísticos, centrados exclusivamente en el lucro y el provecho injusto de unos pocos, élites egoístas, injustas y brutales. ¡Hasta cuándo!

No debemos, pues, extrañarnos de que liberen a violadores, imputen a periodistas que desvelan la verdad para nosotros con sus investigaciones, o metan en la cárcel a nuestros líderes por sus ideas. No debe extrañar que metan a chavales jóvenes en prisión por cantar, por expresar su opinión, por ejercer un derecho que les corresponde. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nos sigan amedrentando?

Foto: Joan J. Queralt. El Periódico.

Un rey de cartón piedra

Solemne sesión en el Congreso para celebrar los cuarenta años de democracia. Discurso del Rey convertido en una proclama propagandística contra la voluntad independentista en Cataluña. Lamentable. Con estos discursos, el Estado remacha su voluntad de criminalizar a los ciudadanos que piensan diferente. En una puesta en escena de afirmación nacionalista --de un nacionalismo españolista, por supuesto--, los poderes del Estado, la Monarquía y la Cámara de diputados, han afirmado sus convicciones democráticas y su adhesión a la Constitución en un acto que, de forma torticera, pretende demostrar que ellos son los verdaderos defensores de la Constitución y la democracia y no los catalanes partidarios de encontrar un nuevo encaje.

Una manipulación tan sutil como mezquina y cobarde, pues no es cierto que los ciudadanos catalanes que estamos indignados con la situación actual seamos anti constitucionalistas o anti demócratas. Más bien al contrario, muchos de nosotros luchamos en los años setenta por el advenimiento de esta democracia y ratificamos entonces con nuestro voto la presente Constitución. Es más, curiosamente veo muchas caras, hoy militantes en el PP, que en aquellos días estaban del lado del franquismo más recalcitrante, no sólo contrarios a lo que se estaba gestando sino claramente beligerantes con la nueva Constitución y el orden democrático que estábamos instituyendo.

Así que lo de hoy, además de vergonzoso, injusto y manipulador, es una muestra más del cinismo de un Estado que ha orillado intencionadamente a una parte nada desdeñable de la ciudadanía, no aceptando la diferencia de pensamiento que estos representan. Así, mientras el gobierno incumple con su principal función, que es la de dar salida a los conflictos democráticos que la sociedad plantea, escondiendo la cabeza debajo del ala y rehuyendo su responsabilidad, cuando no azuzando el fuego, el Estado abunda en la injusticia y muestra su talante intolerante al abandonar a miles de ciudadanos que, impotentes, ven como, no solo no se da solución a sus problemas, sino que se utilizan las instituciones de todos para criminalizarlos y exponerlos ante el resto de los españoles como delincuentes.

Desaparición del estado

Cada vez se hace más evidente la progresiva desaparición de los estados nacionales tal como se entendieron en el pasado. Ya lo predijo con gran lucidez, hace más de diez años, Manel Castells en su libro La era de la información. Los estados nacionales europeos, surgidos a partir del siglo XV y consolidados plenamente en el siglo XIX, han tenido su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la democracia y los instrumentos socialdemócratas que permitieron la creación del estado del bienestar. Las dos principales atribuciones del estado moderno y que justifican su razón de ser, están hoy en vías de extinción: el poder de recaudación fiscal y la capacidad de diseñar un estado del bienestar. Otra atribución importante, la seguridad ciudadana, se emplea muchas veces de forma perversa en contra de los intereses generales. Sólo le queda el poder represor, que sigue ejerciendo con eficacia y contundencia, si bien con un objetivo perverso pues reprime que las clases medias puedan defenderse, limitando con leyes su derecho a la protesta, ante el expolio de las minorías extractivas. Hoy asistimos, impotentes, a la descomposición de todo esto. A consecuencia de la globalización, los estados ya no son capaces de garantizar la red de seguridad que suponía el estado del bienestar. Los ciudadanos occidentales ven impotentes como día a día se destruye y desaparece lo que tan arduamente se ha construido durante las últimas generaciones. Asisten impotentes a la polarización de la riqueza que se desplaza de nuevo a unas pocas manos y deja en la pobreza a millones de ciudadanos que hasta ahora se defendían decentemente y formaban una consolidada clase media, que ha sido la garantía de la paz y el bienestar del último medio siglo. Los síntomas de este fenómeno son muchos y de diverso signo. En el campo de la seguridad, ya vimos cómo la UE fue incapaz de detener el genocidio que, de nuevo, se establecía en Europa, en los Balcanes. Tuvieron que ser los americanos, de nuevo, quienes pusieran orden ante la parálisis e incapacidad de los europeos. Hoy es la crisis de los refugiados. De nuevo asistimos, estupefactos, al lamentable espectáculo de ver como las autoridades europeas son impotentes para poner orden en este desaguisado. Las directivas que se aprueban, no se cumplen: ayer mismo todos los noticieros recordaban que en 2015 la EU aprobó recibir a 160.000 refugiados legalmente, que serían reubicados en la Unión gracias a la solidaridad europea; ¡la realidad es que sólo se han recibido 900!

Expertos como Paul Mason, en su nuevo libro Postcapitalismo augura que el crecimiento será débil en Occidente en los próximos 50 años. ¡que la igualdad aumentará en un 40%! No cabe duda de que entraremos en una época salvaje: los ricos intentaran mantener sus privilegios como sea, de hecho, secuestrando la democracia como vienen haciendo ya y presionando para que el coste de la crisis –la deuda—la paguen los ciudadanos de a pie. En cuanto a nosotros, los ciudadanos de a pie, deberemos defendernos con uñas y dientes para evitar que nos sigan imponiendo la austeridad para pagar esta deuda colosal, que ahora ya sabemos que forma parte del enorme fraude financiero que las élites globales crearon irresponsablemente. A todo esto, hay que sumarle el cambio climático: en definitiva, la imposibilidad de sostener un capitalismo desbordado y salvaje que lleva a la destrucción del planeta. Todas estas amenazas han desbordado a los estados nacionales, que no pueden con una problemática que les desborda, que desborda incluso a los estados supranacionales como la UE. Yo creo que los ciudadanos hemos de inventarnos nuevas estrategias e instrumentos desde los que abordar los problemas colosales a los que nos enfrentamos. Cada día vemos como modestas iniciativas privadas toman el relevo para solucionar, aunque sea poniendo un granito de arena, los ingentes dilemas planteados, como aquellos ciudadanos que a su cuenta y riesgo se trasladan al Egeo para socorrer a los migrantes o, aún, a oenegés como Médicos sin fronteras que ayer mismo, ante la indiferencia e inacción del estado francés, decidió, por su cuenta y riesgo, habilitar un campo de refugiados en Calais.

Se dice que la automatización y la robotización de la producción está significando la desaparición de millones de puestos de trabajo en todo el mundo, y es verdad. Seguirá destruyendo más empleo en el futuro inmediato. Pero yo creo que esta no es la cuestión; la cuestión es: ¿quién se lleva los beneficios de esta productividad? Es evidente que no se redistribuye esta riqueza entre los ciudadanos, que las plusvalías así generadas no pasan a formar parte del bien común, sino que enriquecen de forma exponencial a quién ya es muy rico y detenta la propiedad de esos medios de producción. Recuerdo que en el pasado se decía: cuando los robots hagan las tareas arduas del trabajo de los hombres, estos podrán disfrutar de muchas más horas de ocio y dispondrán de más tiempo libre para ellos mismos. Perversamente, el neoliberalismo nos abocado a un efecto contrario: esa tecnología que debería habernos liberado, ha contribuido a esclavizarnos aún más.