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jueves, 21 de septiembre de 2017

Cataluña: punto de no retorno


Los hechos de ayer, 20 de septiembre de 2017, son de tal gravedad que quedarán grabados en la memoria durante mucho tiempo. Una vez cometido el ultraje, ya todos sabemos que nada volverá a ser igual. La ofensa y la tristeza, interiorizada en el corazón de mucha gente, comportan una consecuencia tanto más grave: se ha producido la ruptura emocional. Estamos en un punto de no retorno.

Es como aquella pareja, que después de muchos años de matrimonio, entra en una situación de desencuentro. Ella le dice que ya no quiere estar con él, le reprocha su comportamiento dominante. Él insiste, la quiere. Ella abunda: “no me respetas”. La situación se enrarece a medida que avanza el tiempo, haciendo evidente un desencuentro que no tiene solución. Ella insiste que no es una unión entre iguales. La situación se vuelve explosiva y, un día, salta la tragedia: él, en un ataque de impotencia, viendo que la pierde, herido en su amor propio, la viola. El ultraje ya es un hecho irremediable, terrible. Ya nada volverá a ser igual.

Muchos amigos que no son catalanes me preguntan a menudo, con cierta extrañeza, qué ocurre en Cataluña. No es fácil de explicar, como todas las cosas en las que el aspecto emocional es esencial. Lo que ocurre en Cataluña, y en España, no se puede explicar sin recurrir a la historia de este país. Por desgracia, la historia ha sido manipulada sistemáticamente. Pero hay un hecho cierto: Cataluña es una nación y mucha gente aquí lo siente así. Y, como tal, quieren ejercer su derecho de autodeterminación en un momento histórico en que se replantea su “matrimonio” con el Estado español. No es un capricho, es la consecuencia de un legítimo malestar. Un malestar que ha acabado enquistándose, creando una sensación de impotencia y provocando la desafección de una parte muy considerable de la ciudadanía de Cataluña.

Cuando hay un conflicto, es pueril alegar que la otra parte no tiene razón y se queja de vicio: hay que abordar la situación a través del diálogo, ceder ambas partes, intentar buscar consensos. Pero, en cualquier caso, no se puede ningunear de forma chulesca al adversario y, en lugar de buscar soluciones, incendiar más la situación con una actitud prepotente y provocadora. Así hemos llegado hasta aquí.

A España la han lastrado, a mi entender, dos errores básicos de nuestra Constitución. No tengo nada contra nuestra constitución, la voté en 1978, pero no la sacralizo y no la convierto en un arma arrojadiza para someter a las multitudes. Cuando una ley no funciona, pues no sirve a una parte importante de la ciudadanía, hay que enmendarla. Esto no tiene nada de revolucionario, es el modo como han avanzado nuestras sociedades. El primer error de la Constitución es el de haber solucionado mal el tema de las nacionalidades históricas. De ahí viene gran parte del problema actual. Otro error grave es no haber separado adecuadamente el poder judicial del poder ejecutivo. El Tribunal Constitucional, la más alta instancia judicial, tiene un consejo manipulado por el gobierno, pues muchos miembros son nombrados por el él y afectos a su partido. Y es este alto Tribunal el que desde la impugnación del Estatut ha emprendido la progresiva liquidación del estado autonómico.

Ahora vamos a otro problema, que tiene que ver con el sistema político imperante en España. El problema tiene que ver con una perversa coincidencia. Resulta que nuestro sistema político es básicamente bipartidista. El poder central ha estado en manos del Partido Popular y del Partido Socialista desde el inicio de la democracia. Ambos partidos se han mostrado claramente españolistas –antes se decía centralista—desde el inicio del conflicto catalán hace unos siete años. Como consecuencia de esto, los votantes catalanes se han decantado hacia otras formaciones políticas –sean o no independentistas--, de tal manera que ambos partidos se han convertido en fuerzas residuales en Cataluña. En las últimas elecciones catalanas, por ejemplo, El PP, partido ahora gobernante en España, obtuvo el 8,5% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la perversión de la que hablaba: los catalanes están condenados a ser gobernados por un partido al que detestan y que representa un 8,5% de los votos. Pero, me diréis: ¿Por qué detestan de esta manera al Partido Popular? Aquí viene el meollo del asunto. El Partido Popular, de orientación neoliberal, sigue un programa ideológico, que se debatió largamente en los años noventa, pero sobre todo desde la llegada de Aznar al poder, inspirado por los think tanks neoliberales españoles como la FAES, Foro Babel y otros, que persigue la recentralización jacobina de España. Parte del siguiente principio: “el estado autonómico es un error y, en la medida en que nos mantengamos en el poder, hemos de revertir la situación”.

En consecuencia, una fuerza política residual en Cataluña, que no sólo no representa a los catalanes, sino que está enzarzada en una operación, desde hace veinte años, para dinamitar el estado autonómico reconocido por la misma Constitución que ellos dicen defender, ha llevado Cataluña a un progresivo desmantelamiento de su autogobierno sin que estos, atados de pies y de manos, puedan hacer nada. La indignación y la impotencia para defenderse han llevado a Cataluña a un callejón sin salida –y de rebote a España—. Impotentes, cansados de recibir el silencio como respuesta, el ninguneo y el desprecio sistemático a legítimas reivindicaciones, los catalanes han empujado a sus dirigentes hacia otras soluciones: “no nos queda más remedio que emprender nuestro propio camino”. Ahora Cataluña es como un jabalí acorralado, y el cazador, que sabe que no entrará en la jaula, pretende que, en su desesperación por zafarse, lo ataque y así justificar su sacrificio. Esta es la situación.

Lo que ayer se produjo en Cataluña es una especie de “ocupación de Checoslovaquia”. No solo en el hecho flagrante de la agresiva irrupción, sino en los matices de la reacción emocional que han provocado en la gente. Los españoles, desinformados por una televisión pública que se ha convertido ya en un órgano de propaganda, tienen que saber que con la invasión de ayer Cataluña ha sufrido una de las persecuciones más graves de su historia. Conculcando los derechos civiles de los ciudadanos, han practicado detenciones arbitrarias de nuestros altos representantes políticos a cartas destempladas, sin órdenes judiciales, han puesto patas para arriba los despachos de nuestras instituciones, han suspendido la autonomía financiera de Cataluña, sembrando el desconcierto entre miles de funcionarios que desasosegados no saben si cobrarán a final de mes. Y lo que es más grave: los españoles y el mundo deben saber que se hallan anclados en el puerto de Barcelona y Tarragona, cruceros especialmente habilitados, con 4.000 policías a bordo con la intención de reprimir a los ciudadanos catalanes. Es intolerable.

En su escalada irresponsable, propia de matones, los que están organizando esta caza en Cataluña, buscan provocar a la gente para que reaccione violentamente y así justificar su miserable actuación. Pero no lo han conseguido. La gente no ha caído en la trampa. Ayer hubo una importante, masiva y pacífica demostración de indignación en Barcelona que duró hasta altas horas de la madrugada. A las diez de la noche, una cacerolada convirtió a la capital catalana en un clamor que impresionaba. Me siento orgulloso de que los catalanes se hayan manifestado de forma pacífica y responsable.

Ahora, ya no hablamos de prohibir un Referéndum, sino de un flagrante atropello de las instituciones y de la ciudadanía de Cataluña. Es gravísimo. Los irresponsables que en España han creado esta situación, lo pagarán muy caro. Ellos saben que una mayoría clara de los catalanes quiere votar, según las encuestas alrededor de un 80%, que no quiere decir que quieran votar SÍ por la independencia. Simplemente, quieren ejercer su derecho, un derecho que les reconoce el derecho internacional, porque es un derecho natural de todos los pueblos. Está en juego la democracia. Estamos al borde del abismo. ¡Ayudad a Cataluña!Principio del formulario

Foto: Poster del artista Jordi Pagès


miércoles, 28 de junio de 2017

Un rey de cartón piedra


Solemne sesión en el Congreso para celebrar los cuarenta años de democracia. Discurso del Rey convertido en una proclama propagandística contra la voluntad independentista en Cataluña. Lamentable. Con estos discursos, el Estado remacha su voluntad de criminalizar a los ciudadanos que piensan diferente. En una puesta en escena de afirmación nacionalista --de un nacionalismo españolista, por supuesto--, los poderes del Estado, la Monarquía y la Cámara de diputados, han afirmado sus convicciones democráticas y su adhesión a la Constitución en un acto que, de forma torticera, pretende demostrar que ellos son los verdaderos defensores de la Constitución y la democracia y no los catalanes partidarios de encontrar un nuevo encaje.
Una manipulación tan sutil como mezquina y cobarde, pues no es cierto que los ciudadanos catalanes que estamos indignados con la situación actual seamos anti constitucionalistas o anti demócratas. Más bien al contrario, muchos de nosotros luchamos en los años setenta por el advenimiento de esta democracia y ratificamos entonces con nuestro voto la presente Constitución. Es más, curiosamente veo muchas caras, hoy militantes en el PP, que en aquellos días estaban del lado del franquismo más recalcitrante, no sólo contrarios a lo que se estaba gestando sino claramente beligerantes con la nueva Constitución y el orden democrático que estábamos instituyendo.

Así que lo de hoy, además de vergonzoso, injusto y manipulador, es una muestra más del cinismo de un Estado que ha orillado intencionadamente a una parte nada desdeñable de la ciudadanía, no aceptando la diferencia de pensamiento que estos representan. Así, mientras el gobierno incumple con su principal función, que es la de dar salida a los conflictos democráticos que la sociedad plantea, escondiendo la cabeza debajo del ala y rehuyendo su responsabilidad, cuando no azuzando el fuego, el Estado abunda en la injusticia y muestra su talante intolerante al abandonar a miles de ciudadanos que, impotentes, ven como, no solo no se da solución a sus problemas, sino que se utilizan las instituciones de todos para criminalizarlos y exponerlos ante el resto de los españoles como delincuentes.