La Constitución del 78 ha dejado de ser un instrumento para
la cohesión, la armonía y la paz entre los españoles. La ley es una herramienta
al servicio de los ciudadanos y no al revés. Cuando una parte importante de la
sociedad pone en cuestión la legitimidad de la ley, porque ha dejado de
considerarla justa, quiere decir que ha llegado el momento de cambiarla. Esto
es lo que ocurre ahora mismo en España.
El problema es que España está dividida entre aquellos que
esgrimen la Constitución como un marco legal intocable y aquellos que
consideran que se ha convertido en un freno a sus legítimas aspiraciones.
Esta realidad ha llegado a su paroxismo con el conflicto
catalán. Pero hay muchas otras cuestiones, hoy larvadas, que hacen que muchos
ciudadanos, no solamente catalanes, crean que hemos llegado al final de un
recorrido.
El encarcelamiento de los miembros del Govern de Catalunya por una juez de Madrid ha desbordado el marco
del conflicto catalán y se ha convertido en un problema mayor que ha abierto
los ojos a muchos, en todo el mundo, sobre la salud de la democracia en España.
La puesta en prisión de los cargos electos del pueblo catalán por una juez de
la Audiencia Nacional, de forma arbitraria y contraria a la ley, en un acto que
obedece a la venganza más que a la aplicación de la justicia, demuestra que la
ley en España pasa por encima de la voluntad popular soberana. La soberanía
popular, que consagra la tan blandida Constitución, vuelve a ser enmendada una
vez más por los tribunales.
La situación es insostenible. El conflicto ha adquirido unas
proporciones descomunales. España ya está incendiada. El Gobierno del Estado y
los estamentos del poder judicial conjurados para castigar de forma implacable
a Cataluña, no se detendrán hasta que los ciudadanos demócratas de todo el Estado
destituyan al gobierno actual y permitan que un nuevo equipo inicie un proceso
de pacificación. El conflicto catalán tiene solución, pero no con unos partidos
en el poder que tienen el propósito de desmontar el Estado Autonómico. Hay que
aceptar la realidad de que España es un estado plurinacional y que la actual
Constitución discrimina esta realidad. No podemos seguir rigiéndonos por una
ley suprema que se redactó al final del Franquismo. Ahora ya no sirve; a las
pruebas me remito: por culpa de ella, el país está sumido en el caos camino de
su destrucción. Los llamados “constitucionalistas”, encastillados en el Régimen
corrupto del 78, han optado por la fuerza, por el aplastamiento del adversario.
Los catalanistas, desesperados, se refugian en el independentismo. Están a la
vista unas elecciones que todos miramos con recelo, pues difícilmente se darán
las condiciones para que sean libres. Para empezar, los líderes civiles y los
cargos electos de los ciudadanos de Cataluña están en la cárcel. ¿Qué más
tienen preparado para hurtarnos un resultado que no toleran?
Europa debe implicarse. Ya está bien de mirar hacia otro
lado. En la Guerra de los Balcanes miraron para otro lado y asistieron
impasibles a un genocidio. En la crisis de los refugiados, han mostrado su
rostro más inhumano y execrable, dando de lado a millones de seres humanos
desesperados que escapaban de la muerte. En lo más crudo de la crisis económica,
han dado la espalda a los ciudadanos europeos pobres para proteger los derechos
de los ricos. ¿Van a hacer el mismo papel ahora con Cataluña?
Hay una cosa que está muy clara. La represión no va a
funcionar. Los ciudadanos oprimidos no van a conformarse con callar y
renunciar a sus derechos y legítimas aspiraciones. La lucha será larga y
encarnizada.
Foto: Emilia Gutiérrez. La Vanguardia
