Cataluña: ¿y ahora qué?

Escribo estas líneas después del debate, hoy miércoles 11 de octubre, en el Congreso de los Diputados. El presidente Rajoy, una vez más, ha mostrado su terca obstinación en no acudir al diálogo, a pesar de las numerosas llamadas a sentarse a negociar que le dirigen desde dentro y fuera de España y que le han suplicado la mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes en la sesión de hoy, invitándole vehementemente a sustituir el poder de la fuerza por el poder de la persuasión.

Ayer, el president Puigdemont, tras una llamada de Donald Tusk, máxima autoridad europea, decidió posponer sus planes para dar una nueva oportunidad al diálogo. Fue un discurso conciliador. Su actitud prudente y generosa. Todo el mundo pudo constatar su voluntad de desescalar la tensión. Sin embargo, la respuesta de Rajoy, una vez más, ha sido el desplante, la intransigencia y el inmovilismo. "No hay nada que hablar fuera de la Constitución", sentencia como una letanía ya cansina. No quiere entender que la Constitución ha quedado en algunos aspectos obsoleta y deja fuera a muchos españoles; que los tiempos han cambiado y que ya no sirve a los intereses de todos. Este empecinamiento en apelar a la ley, cuando una parte claramente mayoritaria de los catalanes y muchos españoles le demandan sentido de Estado y hacer política, en lugar de responder a golpe de querellas, impugnaciones, detenciones y sanciones, no lleva a ningún sitio. En definitiva, falta altura de miras para solucionar con la política un conflicto que es político. Hasta los propios jueces se lo han dicho, pero nada, nuestro registrador de la propiedad Rajoy no quiere ver más allá de sus narices.

En el colmo del cinismo, esta mañana, en el tenso ambiente después de la mano tendida de Puigdemont, el jefe del ejecutivo de Madrid devuelve la pelota a la Generalitat rehuyendo la invitación al diálogo y formulando una pregunta retórica: “el president Puigdemont, ¿declaró o no la independencia de Cataluña?” Y digo cinismo porque Rajoy hace ver que no entendió lo que sin duda entendieron perfectamente en Madrid. El ejecutivo español, en su prepotencia, en su persistente actitud de humillar a los representantes de los catalanes, sólo espera una rendición sin condiciones. Ordeno y mando. ¡Quienes os habéis creído que sois para poneros de igual a igual con el Estado español!, piensan, soberbios. Y con una mirada de desdén y una actitud prepotente, que pone en evidencia sus maneras autoritarias, amenazan ya con aplicar el artículo 155 de la Constitución. Uno no puede evitar la sensación de que disfrutan con la aplastante superioridad que les da la fuerza bruta y la sospecha de que acarician en su fuero interno, con la emoción contenida, la inminente derrota de las instituciones catalanes, la laminación de su ya precaria autonomía y la subsiguiente represión que sin duda alguna ya está prevista y preparada. Se han llenado la boca con la unidad de España, con que Cataluña es España, pero no han pestañeado a la hora de entrar a saco en la comunidad, saquear los despachos de nuestros representantes políticos, detener y humillar a nuestros cargos electos, arruinarlos con sanciones abusivas e injustas, intervenir nuestras finanzas, enviar un contingente policial especialmente seleccionado para esta represión y adiestrado en el odio hacia Cataluña –“¡a por ellos!”— para infligir un duro correctivo a la población inocente y pacífica --¡que iba a votar!--, han facilitado el cambio de sedes de nuestras empresas para crear un escenario de pánico, poniendo en riesgo la economía de Cataluña y España… Y todo ello para evitar que los catalanes manifiesten su derecho a decidir. ¿Quién rompe España? Para Pablo Iglesias, líder de Podemos, con 5 millones de votos en las elecciones de 2015–ellos y sus confluencias--, es el PP el que rompe España y concuerdo con él. Es muy triste y vergonzoso. ¿No hubiera sido más sensato dejar votar y conocer cuál es la opinión de los catalanes?

En esta situación, ¿Cuál es a mi entender el escenario que nos espera? Está claro que ayer Puigdemont solicitó al Parlament declarar la independencia de Cataluña y proclamar la República Catalana, pero con una condición suspensiva: dar un plazo al Gobierno de España para negociar, en defecto de lo cual la declaración formal de independencia se produciría pasado el plazo establecido. En las declaraciones de hoy del presidente Rajoy ha quedado claro que espera simplemente que Puigdemont le confirme que dijo lo que dijo y, a continuación, el gobierno solicitará al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución que faculta a las instituciones del Estado a intervenir la autonomía, que sería tutelada desde Madrid. Para ello necesita el permiso del Senado, que es la cámara territorial en España y donde el partido gobernante tiene amplia mayoría. Hay que hacer observar también, que ayer Rajoy obtuvo el apoyo del jefe de la oposición, Pedro Sánchez, jefe de filas del partido socialista. Así que el gobierno cuenta con una holgada mayoría de la Cámara de los diputados para imponer unas medidas tan drásticas. Para lavar su imagen, el partido socialista ha exigido a Rajoy un compromiso para reformar la Constitución en el plazo de seis meses. Algo es algo. Es un gesto. Alivia la presión y pone en evidencia que ellos mismos están de acuerdo en que es necesaria esta reforma constitucional. Pero yo no tengo muchas esperanzas puestas en esta reforma. Ambos partidos son muy hostiles a las concesiones nacionalistas.

Como consecuencia de la intervención del gobierno autónomo de Cataluña después de la aplicación del artículo 155, Madrid impondrá un ejecutivo “títere” y se convocarán elecciones inmediatamente. Mientras tanto Cataluña está tomada militarmente. Al que se mueva, palo. Puesto que existe el riesgo de que las fuerzas independentistas vuelvan a ganar, es más que probable que se busque una excusa –por ejemplo, tumultos en la calle—para criminalizar a los partidos independentistas –PDCAT, ERC, CUP-- y se solicite a los jueces que “fuercen” la legalidad para declararlos fuera de la ley. Con tal cosa, estaríamos asistiendo a dejar fuera del sistema democrático a por lo menos la mitad de los electores catalanes y a la demolición de la democracia en Cataluña. Las elecciones serían ganadas sí o sí por los partidos unionistas o por aquellos que no discuten que Cataluña siga formando parte de España.

Una vez instalada esta situación, vendría el momento de la propaganda. Ya hemos sido testigos de las manipulaciones, las mentiras y las deformaciones de la realidad con un discurso posverdadero con el que el Estado ha intoxicado a los españoles para evitar que conocieran lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Utilizando esta misma estrategia, intervendrán los medios de comunicación autonómicos para asentar su verdad: el discurso criminalizador se instalará con la crudeza de su particular vocabulario: “desafío independentista”, “golpe de Estado”, “bandas tumultuosas de ciudadanos”, “policías heridos”, “desorden”, “caos”, “insurgencia”, “elementos anti-sistema”, “catalanes partidarios de la unidad de España maltratados y señalados”, “niños adoctrinados en las escuelas” … Con un poco de suerte y tiempo, acabarán convenciendo a muchos, metiendo en la cárcel a los irreductibles y desplazando la lengua catalana –pues es la raíz de todos los males—e imponiendo de nuevo la española.

Pero como decía hoy el diputado Doménech en el Congreso, citando a un premio Nobel, “un pueblo reprimido no desaparece simplemente en la noche”. Los catalanes seguirán luchando y resistiendo. El Estado español no conseguirá apagar el incendio, que ellos mismos han encendido, hasta que comprendan que las cosas no se imponen por la fuerza sino por el libre consentimiento de las partes, en un pacto entre iguales, establecido con libertad.